El grupo desalojado violentamente de la comunidad Salvador Xolhuitz, regresa a exigir sus derechos de posesión a la tierra. El domingo 26 de Septiembre en horas de la noche un grupo de campesinos desalojados de la comunidad El Salvador Xolhuitz, en Nuevo San Carlos, Retalhuleu retornó a ocupar sus parcelas.
Este grupo conformado por 15 familias, amparadas por una decisión judicial que les otorga el derecho de regresar a sus casas y parcelas por ser los propietarios legales, ingresó a su comunidad a pesar de la oposición de un grupo mayoritario denominado ADISC, que abiertamente se rehúsa a acatar el amparo otorgado hace más de un año.
Existe un riesgo de enfrentamiento violento entre los dos grupos. En virtud de que el grupo mayoritario al parecer cuenta un nutrido grupo de paramilitares con armas de fuego de grueso calibre, y existen antecedentes de que han actuado con violencia en el pasado.
Por lo anterior han solicitado la intervención de los agentes de policía de la subestación de la PNC en Nuevo San Carlos y la comisaría de la PNC en Retalhuleu. También han sido notificados la PDH, COPREDEH, el Delegado de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos a cargo del caso, Raúl Muñoz, la dirección nacional de la PNC en Guatemala, y los medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales.
A pesar del amparo otorgado a favor del grupo desalojado, las autoridades de justicia y del orden público no han actuado para asegurar el cumplimiento de la ley en este caso. Una vez más reflejando con esta actitud que la ley se inclina a favor de los terratenientes y finqueros.
La finca Salvador Xolhuitz fue comprada por 89 familias campesinas, por medio de un crédito de Fondo de Tierras. El conflicto surgió cuando un grupo de campesinos cuestionó anomalías en la administración de los fondos comunitarios otorgados como capital de trabajo y denuncias de corrupción de la compra de la finca.
El grupo mayoritario, con el aval del Fondo de Tierras, de manera ilegal intentó expulsar al grupo pequeño en 2009.
El grupo pequeño ganó el juicio de amparo hace más de un año, que restauró sus derechos como propietarios. A pesar de esta orden judicial a favor del grupo pequeño, FONTIERRAS nunca avisó al grupo mayoritario de la reinstalación del grupo expulsado hasta después del desalojo violento de 10 familias, por parte del grupo mayoritario.
TIERRA, PATRIA Y LIBERTAD, UNIDOS VENCEREMOS.
