En la lucha contra el hambre, es clave que países de la región
incrementen sus presupuestos del 2013 para la pequeña agricultura.
Los Gobiernos no deben ceder a presiones de agronegocios a costa de
alimentos básicos para las personas más pobres.
En el día mundial de la alimentación, que se celebró el pasado 16 de octubre, hubo
poco por celebrar y mucho por hacer. Según la FAO, en América Latina 49
millones de personas pasan hambre. Si bien en los últimos 20 años se registran
avances importantes, y 16 millones de personas menos padecen hambre en la
región, la cifra aún es alarmante, más aún si tomamos en cuenta que América
Latina produce suficientes alimentos para cubrir las necesidades de todos sus
habitantes.
Pero esta situación será más difícil de revertir si los gobiernos de la
región continúan impulsando principalmente a los sectores agroexportadores,
postergando la agricultura a pequeña escala, que es la base de la alimentación
de millones de personas de la región y que genera altos niveles de empleo en el
campo.
“Los gobiernos de la región deben aprovechar el actual momento de
crecimiento económico que experimentan muchos países, plasmando en los
presupuestos del 2013 un incremento en la inversión de la agricultura familiar
y campesina, especialmente en las mujeres, que tanto potencial tienen para
aumentar su productividad de manera sostenible. Este es el camino más viable
para eliminar el hambre en la región”, dijo Antonio Hill, representante de la
campaña Crece de Oxfam para América Latina.
De acuerdo con Hill, los gobiernos requieren cambiar su enfoque sobre las
políticas agrarias, y deben dejar de ver únicamente la rentabilidad en la
exportación de alimentos, para ver en la pequeña agricultura la garantía de la
alimentación de todos y todas.
“Hay que mirar la pequeña agricultura como rentable, primero porque es la
despensa alimentaria del pueblo en la región, y segundo, porque sigue siendo
una fuente muy importante de empleo. Fortalecerla a través de mayor inversión
en tecnificación agraria o políticas de adaptación al cambio climático es un
camino no solo para reducir
el hambre sino también para blindar a la región contra la crisis económica en
Europa y otras partes del mundo”, dice Antonio Hill.
Para contrarrestar la volatilidad y proteger a los ciudadanos más
vulnerables, los gobiernos de la región deben invertir en la productividad
sostenible de pequeños productores, en el marco de políticas de seguridad
alimentaria que permitan garantizar la provisión de alimentos para todos y
todas. Pero los gobiernos de América Latina no están priorizando la inversión
en agricultura a pequeña escala, que pierde peso con respecto al presupuesto
nacional.
En Guatemala** a pesar del anuncio
gubernamental de la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Rural
llamada también “De las Dos Puertas”, siendo una de éstas la inversión en las
economías familiares campesinas y la otra la inversión privada en el área
rural; ningún programa de fomento e inversión orientado hacia el pequeño
productor agrícola o para las mujeres rurales han sido puestos en marcha en lo
que va del presente año.
Por el contrario, las inversiones rurales privadas están contribuyendo al
acaparamiento de tierras de los pequeños/as agricultores (que tan sólo en el
departamento de Petén alcanza ya el 45 % de las tierras recién regularizadas y
tituladas), y la producción de alimentos se ha reducido año con año.
A la falta de inversión en las pequeñas economías campesinas, se suma la
reducción en la cobertura de las políticas sociales: de 1.5 millones de familias
con cobertura durante el gobierno anterior, las políticas vigentes alcanzan a
menos de 400 mil familias beneficiarias. Asimismo, del fondo de Q104
millones en salud destinado a la prevención y el control de la desnutrición tan
sólo se ha ejecutado el 19% en lo que va del año.
Por todo lo anterior, el gobierno de Guatemala, al igual que los gobiernos
de la región, debe redoblar esfuerzos para invertir recursos públicos en la
agricultura de pequeña escala y las mujeres rurales, y para garantizar la alimentación
de sus ciudadanos/as más vulnerables sin ceder a intereses particulares del
sector de los agronegocios, los cuales van muchas veces en contra de la
generación y producción de alimentos básicos para las mayorías.
“La estrecha relación entre las demandas de gremios poderosos y la
asignación de presupuestos a favor de sus intereses no es secreto. La historia
no contada es que los gobiernos acceden a esas presiones a costa de los
derechos de casi 50 millones de los campesinos y consumidores más pobres y
vulnerables en América Latina año tras año. O cambiamos estas tendencias o
tiramos un sistema alimentaria más justo por la borda”, dijo Hill.
**En Perú, por ejemplo, un estudio del Grupo Propuesta Ciudadana muestra que
el peso de la pequeña agricultura en el presupuesto nacional es cada vez menor,
pues mientras en 2008 representaba el 2,8 del presupuesto, en 2012 su
participación disminuyó a 2,4%. De igual manera, el gasto público destinado al
sector agrícola en República Dominicana ha bajado del 2.22% del gasto total en
2010 a 1.46% en 2012. En el caso del gasto por persona empleada en el sector,
bajó de $342 a $316 en el mismo periodo. Para EDG Noticias reportó: Javier
Ramírez.
