La Alta Comisionada hace un llamado al Estado a que implemente políticas de seguridad y justicia basadas en el respeto y la garantía de todos los derechos humanos, sin discriminación. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, está preocupada por el persistente clima de inseguridad imperante en Guatemala y enfatiza la necesidad de que se apliquen políticas de seguridad pública respetuosas de los derechos humanos.
Lo anterior se desprende del Informe Anual de la Alta Comisionada sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala en 2011, cuyo contenido fue divulgado esta semana, coincidiendo con la visita que Pillay realiza al país.
De acuerdo con el Informe,Guatemala ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial por el alto número de empresas privadas de seguridad, en cuyas manos el Estado ha dejado gran parte de la seguridad pública.
También destaca el informe preparado por la oficina de la ACNUDH en Guatemala que, durante el pasado proceso electoral, “los candidatos parecieron concentrar su discurso en el combate a la inseguridad a través de medidas en su mayoría represivas (incluyendo un retorno a la perna de muerte). Los derechos humanos fueron un tema prácticamente ausente en el debate”.
Ese vacío excluye la consideración de las causas estructurales de la violencia y, por consiguiente, da lugar a la falta de propuestas con enfoque preventivo.
Uno de los principales temas de preocupación para la Alta Comisionada, es la inseguridad, la desconfianza y descontento de la población con las autoridades de seguridad y justicia, así como la violencia y muertes brutales causadas por el crimen organizado.
Resaltan pocos avances en investigación criminal y la falta de reformas al sistema de justicia, para afrontar los retos de la impunidad. Recomienda reformas a las carreras judicial y fiscal, leyes de amparo, antejuicio, armas y municiones, contra la corrupción, un programa de reparación y la comisión de búsqueda de víctimas de desaparición forzada, que siguen sin aprobarse en el Congreso de la República.
Asimismo, la Alta Comisionada hace un llamado al Estado a que implemente políticas de seguridad y justicia basadas en el respeto y la garantía de todos los derechos humanos, sin discriminación.
“El Estado debe revertir la tendencia de privatización de la seguridad pública, y fortalecer el registro y control de empresas privadas de seguridad. También debería implementar un plan nacional de desarme; y se garantice la independencia judicial.” Para EDG Noticias: Javier Ramírez.
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