Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso de la República, presidida por el Diputado Ronald Arango de la Bancada
Todos, se reunieron con representantes del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la
Nación (PGN) y Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a quienes
cuestionaron sobre los registros y acciones que implementan para contrarrestar
las violaciones sexuales a menores de edad.
En esa reunión el Viceministro técnico del MSPAS, José
Roberto Molina, expuso que reportes de esa cartera registraron estadísticas
alarmantes en los últimos tres años que reflejan alrededor de 7,900 niñas
menores de 14 años embarazadas, producto de un delito sexual, los cuales fueron
denunciados a la autoridad pertinente. Sin embargo, aseguró que hay un
subregistro de casos no denunciados, los cuales hacen que las cifras sean
mayores.
Cabe resaltar que el Viceministro también índico con
preocupación que “Los departamentos con mayor incidencia de violaciones de
niñas y niños son Guatemala, Escuintla y Chimaltenango, donde un 89 por ciento
de las víctimas son del sexo femenino.”
Por su parte el
jefe de la Fiscalía de la Niñez y
Adolescencia del MP, Rubén Herrera, explicó que a la fecha hay 11 oficinas de
esa instancia en distintos centros asistencia médica de la red hospitalaria del
país. “Solo en el departamento de Guatemala hay 1,217 expedientes en
investigación y 35 sentencias por el delito de violación en 2017”, agregó.
El congresista Arango afirmó: “Conocemos los esfuerzos de
los entes de impartición de justicia en cuanto a agilizar los procesos de
condena; sin embargo, estamos seguros de que de haber mayor persecución penal
ayudaría a la disuasión de este hecho”.
Además durante su intervención el Diputado Raúl Romero, del
Bloque Fuerza, propuso a la mesa la conformación de una comisión específica que
permita orientar propuestas y dé seguimiento al tema.
Finalmente el diputado Arango reiteró: “Dicha comisión
será integrada en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, veremos la posibilidad
de adherirnos a la mesa interinstitucional coordinada por la Vicepresidencia de
la República para generar los mecanismos que permitan la erradicación de este
flagelo”.
Cabe destacar que de acuerdo al Código Penal Procesal
guatemalteco, las personas que cometan el delito de violación podrían ser
sometidas a una pena de prisión de entre 8 y 12 años.
En este sentido el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF) indica que por lo menos 70 perfiles genéticos de violadores o
posibles violadores se podrían registrar al día con la vigencia de la Ley del
Banco de Datos Genéticos para uso Forense (Decreto 22-2017) aprobada el año
pasado por el Legislativo. Para El Demócrata de Guatemala reportó: Javier
Ramírez.
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