Este es un paso hacia adelante por la defensa de nuestros derechos. Desde nuestra perspectiva, la lucha continúa en dirección a lograr el respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Soberanía Nacional, que serían efectivos a partir de la nacionalización de la exploración y explotación minera donde queden plasmados ambos aspectos.
POR: FRANCISCO JAVIER PÉREZ RAMÍREZ
Guatemala 07 de Julio - El Frente Popular manifiesta su beneplácito por la suspensión temporal de operaciones de la Mina Marlin, propiedad de la transnacional Canadiense Gold Corp, ubicada en San Marcos. Lo anterior lo dieron a conocer a través de un comunicado de prensa que hicieron llegar a la sala de redacción de EL DEMOCRATA DE GUATEMALA.
En dicho documento dieron a conocer que es un secreto a voces que las licencias de exploración y explotación minera concedidas, se hicieron en base a una ley ilegítima porque contrario a garantizar los intereses nacionales fue diseñada para beneficiar los intereses empresariales de capitales locales y transnacionales.
Cabe destacar aseguraron que este proyecto minero, al igual que muchos otros, tiene efectos nefastos sobre el ambiente, la salud, la vivienda y las tierras de siembra de los pueblos en donde se asientan. En virtud de que han sido un factor generador de conflictividad social y política, con consecuencias que incluyen el asesinato, la persecución política y la criminalización de la organización y movimiento social.
Especialmente señalan en este documento, del movimiento de comunidades y pueblos indígenas, quienes legítimamente exigen ser sujetos de las decisiones y se oponen a la actividad minera ello con base en legislación nacional e internacional vigente en nuestro país tales como el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal, y a partir de procedimientos democráticos de consulta, protesta y movilización social.
En otra parte añadieron que este anuncio de suspensión del proyecto minero se origina no de una concepción y una política coherente del gobierno, sino de la presión social de los pueblos directamente afectados y de los movimientos sociales y políticos como el Frente Popular, quienes se oponen a estas actividades de saqueo y expolio, así como de organismos internacionales, especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En relación a lo anterior manifiestan que contrario a que el gobierno se asuma la posición de defender los intereses populares, ha externado que son las víctimas quienes deben demostrar los efectos nefastos de la Mina Marlin.
De tal manera indicaron que no pueden sino esperar que esta sea una excepción a la norma de la política que han seguido tanto los gobiernos anteriores como el actual, en dirección a garantizar los intereses del capital por sobre los intereses de los pueblos guatemaltecos.
En dicho documento dieron a conocer que es un secreto a voces que las licencias de exploración y explotación minera concedidas, se hicieron en base a una ley ilegítima porque contrario a garantizar los intereses nacionales fue diseñada para beneficiar los intereses empresariales de capitales locales y transnacionales.
Cabe destacar aseguraron que este proyecto minero, al igual que muchos otros, tiene efectos nefastos sobre el ambiente, la salud, la vivienda y las tierras de siembra de los pueblos en donde se asientan. En virtud de que han sido un factor generador de conflictividad social y política, con consecuencias que incluyen el asesinato, la persecución política y la criminalización de la organización y movimiento social.
Especialmente señalan en este documento, del movimiento de comunidades y pueblos indígenas, quienes legítimamente exigen ser sujetos de las decisiones y se oponen a la actividad minera ello con base en legislación nacional e internacional vigente en nuestro país tales como el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal, y a partir de procedimientos democráticos de consulta, protesta y movilización social.
En otra parte añadieron que este anuncio de suspensión del proyecto minero se origina no de una concepción y una política coherente del gobierno, sino de la presión social de los pueblos directamente afectados y de los movimientos sociales y políticos como el Frente Popular, quienes se oponen a estas actividades de saqueo y expolio, así como de organismos internacionales, especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En relación a lo anterior manifiestan que contrario a que el gobierno se asuma la posición de defender los intereses populares, ha externado que son las víctimas quienes deben demostrar los efectos nefastos de la Mina Marlin.
De tal manera indicaron que no pueden sino esperar que esta sea una excepción a la norma de la política que han seguido tanto los gobiernos anteriores como el actual, en dirección a garantizar los intereses del capital por sobre los intereses de los pueblos guatemaltecos.
Recalcando en el multicitado documento que esto se vuelve a manifestar cuando el gobierno expresa que son las víctimas quienes deben demostrar que las Mina Marlin está contaminando y generando efectos nocivos al medio ambiente y la salud. De tal manera que la suspensión para hacerse efectiva podría llevar meses y hasta años.
Sin embargo aseguraron, este es un paso hacia adelante por la defensa de nuestros derechos. Desde nuestra perspectiva, la lucha continúa en dirección a lograr el respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Soberanía Nacional, que serían efectivos a partir de la nacionalización de la exploración y explotación minera donde queden plasmados ambos aspectos.
De tal manera que estas actividades garanticen el menor impacto ambiental y los beneficios se traduzcan en el desarrollo efectivo de comunidades, pueblos indígenas y pueblo guatemalteco en general.
Sin embargo aseguraron, este es un paso hacia adelante por la defensa de nuestros derechos. Desde nuestra perspectiva, la lucha continúa en dirección a lograr el respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Soberanía Nacional, que serían efectivos a partir de la nacionalización de la exploración y explotación minera donde queden plasmados ambos aspectos.
De tal manera que estas actividades garanticen el menor impacto ambiental y los beneficios se traduzcan en el desarrollo efectivo de comunidades, pueblos indígenas y pueblo guatemalteco en general.
Con base en la perspectiva del desarrollo que poseen los sujetos del mismo, tal el caso de los pueblos indígenas, las mujeres y demás sectores quienes deben ser parte protagónica en la definición e implementación de políticas estratégicas como las referidas a la minería y la explotación petrolera. Concluye el referido manifiesto.
FRENTE POPULAR Soberanía, Dignidad y Solidaridad ¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!
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