Otorgar indultos a cualquier persona sobre la que se ha probado que ha participado en violaciones de derechos humanos en el pasado no debe socavar el espíritu de la lucha contra la impunidad. Principalmente si los presos condenados, fueron sentenciadados por delitos contra la Humanidad, incluyendo asesinatos, torturas y desapariciones forzadas durante el régimen militar chileno de 1973 – 1990.POR: FRANCISCO JAVIER PÉREZ RAMÍREZ.
La presentación de la propuesta de indultos para presos condenados con motivo del Bicentenario de la República de Chile, por parte de la Iglesia chilena ha abierto un debate sobre la posibilidad de que se otorguen indultos a personas que han sido condenadas y sentenciadas por crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinatos, torturas y desapariciones forzadas durante el régimen militar chileno.
La propuesta detalla la motivación de la Iglesia para considerar los indultos coincidiendo con el Bicentenario del país incluyendo así como su preocupación en relación con las condiciones carcelarias en Chile. Sin embargo, sobre el tema de los indultos, Amnistía Internacional considera que la propuesta no refleja adecuadamente las obligaciones internacionales de los derechos humanos contraídas por Chile.
A pesar de que la Iglesia no solamente propone otorgar indultos para los responsables de violaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional considera que es importante recordar el hecho de que durante los años del gobierno militar (1973-1990), miles de personas fueron asesinadas, torturadas y sometidas a desapariciones forzadas por miembros de las fuerzas armadas chilenas y los servicios de seguridad.
Sólo se han conseguido avances reales para procesar a responsables de crímenes internacionales de derechos humanos en las cortes chilenas a partir de 1998. Tras una larga lucha de las victimas y sus familias, defensores de los derechos humanos y unos pocos jueces y fiscales valientes, más de 400 personas han sido condenadas por estos crímenes.
La propuesta de la Iglesia consideraría la liberación de estos criminales que (representan solamente una fracción del número total de personas responsables por estos crímenes) antes de cumplir con la totalidad de las sentencias impuestas.
En este contexto, Amnistía Internacional recuerda al gobierno chileno su responsabilidad de sancionar los crímenes establecidos en el derecho internacional como los asesinatos, la tortura y las desapariciones forzadas con penas acordes a la gravedad del hecho de acuerdo con los estándares establecidos en tratados internacionales ratificados por el Estado chileno como la Convención Contra la Tortura o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Una sanción adecuada de aquellas personas responsables de crímenes contra la humanidad es un elemento esencial de la reparación que todavía se debe a las victimas y para poner fin a la impunidad por crímenes cometidos en el pasado.
Amnistía Internacional exige que todas aquellas personas que se presume son responsables de crímenes de derecho internacional sean sujetas con celeridad a una investigación rigurosa, imparcial e independiente. Si hay suficientes pruebas admisibles deben ser procesadas en un juicio justo y si son culpables deben ser sentenciadas en virtud de leyes que contengan penas que reflejen la gravedad del crimen.
Amnistía Internacional rechaza que se otorguen amnistías que obstaculicen la investigación y condena por crímenes contra la humanidad. Es por esta razón que la organización ha insistido en muchas ocasiones en la necesidad de derogar la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2.191) que aún se encuentra en vigor, en la República de Chile.
Amnistía Internacional considera que una liberación poco después de una condena o tras haber cumplido sólo una parte mínima de la sentencia podría socavar el principio de imponer una pena que refleje la gravedad del crimen. Por otro lado, la organización señala que cualquier liberación antes de cumplir la sentencia no puede ser vista como la negación de la condena o como una reducción de la responsabilidad criminal por la acción cometida.
Tal y como han apuntado decisiones de varias cortes, conforme a derecho y con estricto apego a la ley cualquier propuesta que anule o declare sin efecto una condena tras una investigación y un proceso judicial justo es contrario al derecho internacional.
En relación con la propuesta de reducir la sentencia de prisión o de otorgar la libertad condicional, es esencial que se garantice que la decisión se aplique caso por caso. Sería inaceptable una orden general de liberación sin tener en cuenta criterios como la proporción de la sentencia cumplida y la gravedad del crimen. Al respecto, sería imposible justificar las razones detrás de una liberación si se concede un indulto masivo que ignora las particularidades de cada caso.
Amnistía Internacional toma nota del hecho de que la propuesta de indulto no impone ningún requerimiento a la persona para que revele la verdad a las víctimas y a la sociedad en general una vez en libertad. El gobierno tiene la obligación de garantizar que todos aquellos que cumplen sentencias por estos crímenes proporcionan la verdad sobre lo que les ocurrió a las víctimas.
Amnistía Internacional insiste en el hecho de que cualquier indulto otorgado no debe permitir que se ponga en peligro el proceso de proporcionar reparación integral para las víctimas. Las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho en virtud del derecho internacional y estándares internacionales a estas reparaciones, incluyendo la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
La falta de medidas para garantizar que aquellos que son responsables para ello proporcionan dichas reparaciones es indefendible.
Además, Amnistía Internacional considera que otorgar indultos como respuesta a las condiciones inaceptables de reclusión sería una solución inadecuada a un problema que requiere de políticas públicas que garanticen que las condiciones carcelarias cumplen con los estándares requeridos por el derecho internacional y estándares de los derechos humanos.
La propuesta de la Iglesia (presentada al Presidente Piñera cinco meses después de que tomara posesión del cargo) requiere del Presidente que demuestre su compromiso de abordar el pasado oscuro de su país a través de sus decisiones y acciones.
Amnistía Internacional considera que Chile debería celebrar su Bicentenario demostrando su compromiso para proporcionar verdad, justicia y reparación para todas las victimas y recordando la deuda pendiente con todas las víctimas de los crímenes contra la humanidad que ocurrieron durante el gobierno militar.
Para que este hito se consiga es esencial garantizar que todos aquellos que son responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia, que se establezca la verdad sobre lo que ocurrió a sus víctimas y que las víctimas reciben una reparación integral. Otorgar indultos a cualquier persona sobre la que se ha probado que ha participado en violaciones de derechos humanos en el pasado no debe socavar el espíritu de la lucha contra la impunidad.
