El Demócrata de Guatemala

4 de febrero de 2011

El CIIDH, afirma que el incremento de precios exige acciones del Estado.

Es necesario implementar acciones para la promoción y recuperación económica de pequeños y medianos productores. Implementar la política de Desarrollo Rural integral, proveerle de presupuesto de manera progresiva y aprobar la Iniciativa de ley de Desarrollo Rular Integral (40-84).



POR: FRANCISCO JAVIER PÉREZ RAMÍREZ.


El incremento en los precios de los artículos de la canasta básica de los Alimentos durante el primer mes del año ha sido una constante, similar comportamiento se registró en los últimos tres años, es inadmisible que dicho incremento se vincule al alza internacional de precios de combustibles, al aumento salarial y al precio internacional de granos, sin que se tomen medidas para evitar que estos impactos vulneren aun más a la población, en especial aquella que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, además de niveles de desnutrición alarmantes.

En conferencia de prensa la en la sede del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), a través de la Licenciada e Investigadora de ese organismo internacional, Nadia Sandoval, informó que actualmente, dependemos de los mercados internacionales, en todos los granos básicos, fundamentalmente de Estados Unidos (el 100% del maíz amarrillo, el 96% del arroz, y el 4.5% del maíz blanco es importado). En el caso del trigo solo se produce el 2% a nivel nacional.

Agregó que los aumentos en los precios están marcados por diferentes momentos en los cuales se ha dado un incremento en los precios internacionales del crudo y de los alimentos, que producen una presión muy fuerte a las economías dependientes del recurso energético de los derivados del petróleo.

En este sentido indicó que en el 2008, los precios internacionales del crudo y de los alimentos se incrementaron, llegándose al extremo por ejemplo, de que a finales del 2010, el crudo supero la barrera de los US$100.00 por barril. En el caso del maíz amarillo US$220.00 y el trigo los US$270.00 la tonelada métrica.

El modelo de apertura comercial añadió, contribuyo a agudizar aún más la crisis. Para enfrentar el incremento de los precios de los alimentos, el Estado debe fomentar la capacidad productiva que se ha venido perdido en los cultivos locales de granos básicos que ahora se importan, y así impactar en los precios domésticos. Medidas como la importación de contingentes de alimentos no garantizan que estos sean trasladados a los consumidores.

Por otra parte afirmó, el comportamiento observado en los precios de los principales combustibles nos brinda parámetros para realizar dos consideraciones iníciales: la primera de ellas, es que posterior al severo aumento que superó los US$150.00 por barril de petróleo en el primer semestre del 2008 y que cayó posteriormente a niveles por debajo de los US$70.00 nuevamente el fantasma de un proceso acelerado de incremento vuelve aparecerse en tanto que observamos precios arriba de los US$100.00.

La segunda consideración señaló, está afincada en el carácter oligopólico del mercado oferente de combustible en el país que impone el nivel de precios. Se puede señalar que a lo largo de los últimos años existió una enorme brecha entre los precios internacionales y el precio fijado, de tal cuenta que mientras en noviembre de 2010 el precio de la gasolina súper era de alrededor de los Q30.00 por galón, el precio internacional a la venta para el consumidor final era de Q17.00 por galón.

De la misma manera el precio del Diesel internacional era de Q18.00 por galón, en Guatemala este ya superaba los Q25.00 por galón.

Lo perjudicial de dichos incrementos enfatizó, es que se produce un efecto de cascada hacia el resto de productos que componen la Canasta Básica de Alimentos, lo cual produce un deterioro en el ingreso de las familias guatemaltecas y una reducción considerable en el consumo y con ello la violación de varios derechos humanos fundamentales para una vida digna.

Aunado a esta situación el aumento salarial del 14,88% y del 13,75%, no debe considerarse como un factor causal, al revisar los salarios de los cotizantes al IGSS del 2008, en promedio supera el fijado para 2010, a excepción del sector agrícola, el transporte y construcción los cuales son inferiores. En el caso de los salarios promedios mensuales en el área rural, la ENEI 2010 reporta un promedio nacional de Q1, 215.74 inferior incluso del salario 2006 lo cual plantea un reto para la Inspección General de Trabajo y el monitoreo del pago a los trabajadores agrícolas.

En otro tanto sobre este tema destacó, que el problema real no está planteado estricta y exclusivamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto y/o en el comportamiento de la actividad económica, sino más bien en los mecanismos inadecuados que se implementan para distribuir el ingreso y la riqueza que todos produce.

De tal cuenta añadió, que en un país en donde las brechas de desigualdad son las más alta del continente americano, suele ser una evidencia de que esos mecanismos de redistribución como los salarios, el gasto social y la carga tributaria son débiles e insuficientes para reducir las mismas.

En ese sentido resaltó, es necesario implementar: Acciones para la promoción y recuperación económica de pequeños y medianos productores. Implementar la política de Desarrollo Rural integral, proveerle de presupuesto de manera progresiva y aprobar la Iniciativa de ley de Desarrollo Rular Integral (40-84).

Para finalizar recalcó que también es necesario transitar a la determinación de salarios que permitan cubrir el costo de la Canasta Básica Vital. Incrementar la capacidad de Inspección del cumplimiento del Salario en el área rural. Generar mecanismos de regulación en los precios del combustible y retomar la adhesión a PETROCARIBE.


Y la aprobación de una reforma tributaria que dote de mayores recursos al Estado, a partir de la premisa que quien tiene y gana más, pague más. Puntualizó.