La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordena resolución que reabre el caso Bámaca Velásquez.

“Las investigaciones no deben emprenderse como una simple formalidad, condenadas de antemano a ser infructuosas, sino que deben tener un sentido y ser asumidas por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.”

POR: FRANCISCO JAVIER PÉREZ RAMÍREZ

La reciente decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordena reabrir la investigación sobre la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez, sienta un precedente significativo y envía un mensaje claro de que las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno no pueden quedar en la impunidad, señala la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Es positivo que la Cámara Penal haya dado cumplimiento a la decisión emitida en diciembre por la Corte Intera

mericana de Derechos Humanos en relación al caso Bámaca ya que todo Estado, incluyendo el Estado de Guatemala, tiene la obligación de acatar sin excepciones todas las resoluciones de la Corte Interamericana, así como los tratados internacionales.

“Las instituciones de justicia en Guatemala ya no pueden dar un paso atrás; deben remover los obstáculos existentes para garantizar la investigación efectiva de todas las violaciones cometidas durante el conflicto armado interno”, expresó Alberto Brunori, Representante en Guatemala de la Oficina del Alto Comisionado.

Es importante que la Cámara Penal haya subrayado que “las investigaciones no deben emprenderse como una simple formalidad, condenadas de antemano a ser infructuosas, sino que deben tener un sentido y ser asumidas por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares”, donde la autoridad pública busque efectivamente la verdad, sean quienes sean los responsables.

“Esta resolución no es sólo una oportunidad para ofrecer justicia y reparación a las víctimas. Es también una apuesta para que la sociedad guatemalteca, en particular la juventud, ejerza su derecho a conocer la verdad sobre el pasado y pueda apropiarse de sus derechos para consolidar un futuro donde violaciones masivas de los derechos humanos nunca más vuelvan a ocurrir”, puntualizó Brunori.