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En la lucha contra el hambre, es clave que países de la región incrementen sus presupuestos del 2013 para la pequeña agricultura.

Los Gobiernos no deben ceder a presiones de agronegocios a costa de alimentos básicos para las personas más pobres.

En el día mundial de la alimentación, que se celebró el pasado 16 de octubre, hubo poco por celebrar y mucho por hacer. Según la FAO, en América Latina 49 millones de personas pasan hambre. Si bien en los últimos 20 años se registran avances importantes, y 16 millones de personas menos padecen hambre en la región, la cifra aún es alarmante, más aún si tomamos en cuenta que América Latina produce suficientes alimentos para cubrir las necesidades de todos sus habitantes.

Pero esta situación será más difícil de revertir si los gobiernos de la región continúan impulsando principalmente a los sectores agroexportadores, postergando la agricultura a pequeña escala, que es la base de la alimentación de millones de personas de la región y que genera altos niveles de empleo en el campo.

“Los gobiernos de la región deben aprovechar el actual momento de crecimiento económico que experimentan muchos países, plasmando en los presupuestos del 2013 un incremento en la inversión de la agricultura familiar y campesina, especialmente en las mujeres, que tanto potencial tienen para aumentar su productividad de manera sostenible. Este es el camino más viable para eliminar el hambre en la región”, dijo Antonio Hill, representante de la campaña Crece de Oxfam para América Latina.

De acuerdo con Hill, los gobiernos requieren cambiar su enfoque sobre las políticas agrarias, y deben dejar de ver únicamente la rentabilidad en la exportación de alimentos, para ver en la pequeña agricultura la garantía de la alimentación de todos y todas. 

“Hay que mirar la pequeña agricultura como rentable, primero porque es la despensa alimentaria del pueblo en la región, y segundo, porque sigue siendo una fuente muy importante de empleo. Fortalecerla a través de mayor inversión en tecnificación agraria o políticas de adaptación al cambio climático es un camino no solo para reducir el hambre sino también para blindar a la región contra la crisis económica en Europa y otras partes del mundo”, dice Antonio Hill.

Para contrarrestar la volatilidad y proteger a los ciudadanos más vulnerables, los gobiernos de la región deben invertir en la productividad sostenible de pequeños productores, en el marco de políticas de seguridad alimentaria que permitan garantizar la provisión de alimentos para todos y todas. Pero los gobiernos de América Latina no están priorizando la inversión en agricultura a pequeña escala, que pierde peso con respecto al presupuesto nacional.

En Guatemala** a pesar del anuncio gubernamental de la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Rural llamada también “De las Dos Puertas”, siendo una de éstas la inversión en las economías familiares campesinas y la otra la inversión privada en el área rural; ningún programa de fomento e inversión orientado hacia el pequeño productor agrícola o para las mujeres rurales han sido puestos en marcha en lo que va del presente año. 

Por el contrario, las inversiones rurales privadas están contribuyendo al acaparamiento de tierras de los pequeños/as agricultores (que tan sólo en el departamento de Petén alcanza ya el 45 % de las tierras recién regularizadas y tituladas), y la producción de alimentos se ha reducido año con año.

A la falta de inversión en las pequeñas economías campesinas, se suma la reducción en la cobertura de las políticas sociales: de 1.5 millones de familias con cobertura durante el gobierno anterior, las políticas vigentes alcanzan a menos de 400 mil familias beneficiarias.  Asimismo, del fondo de Q104 millones en salud destinado a la prevención y el control de la desnutrición tan sólo se ha ejecutado el 19% en lo que va del año.

Por todo lo anterior, el gobierno de Guatemala, al igual que los gobiernos de la región, debe redoblar esfuerzos para invertir recursos públicos en la agricultura de pequeña escala y las mujeres rurales, y para garantizar la alimentación de sus ciudadanos/as más vulnerables sin ceder a intereses particulares del sector de los agronegocios, los cuales van muchas veces en contra de la generación y producción de alimentos básicos para las mayorías.

“La estrecha relación entre las demandas de gremios poderosos y la asignación de presupuestos a favor de sus intereses no es secreto. La historia no contada es que los gobiernos acceden a esas presiones a costa de los derechos de casi 50 millones de los campesinos y consumidores más pobres y vulnerables en América Latina año tras año. O cambiamos estas tendencias o tiramos un sistema alimentaria más justo por la borda”, dijo Hill.

**En Perú, por ejemplo, un estudio del Grupo Propuesta Ciudadana muestra que el peso de la pequeña agricultura en el presupuesto nacional es cada vez menor, pues mientras en 2008 representaba el 2,8 del presupuesto, en 2012 su participación disminuyó a 2,4%. De igual manera, el gasto público destinado al sector agrícola en República Dominicana ha bajado del 2.22% del gasto total en 2010 a 1.46% en 2012. En el caso del gasto por persona empleada en el sector, bajó de $342 a $316 en el mismo periodo. Para EDG Noticias reportó: Javier Ramírez.